Asambleas virtuales: El nuevo desafío

A mediados del año pasado, cuando la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor comenzó a prorrogar el mandato de los administradores, sin poder medir todavía la magnitud del daño que generaba esta pandemia, indicaba en cada Disposición que las asambleas debían hacerse en forma virtual. Ante esa situación nos opusimos, fundamentados en la interpretación que por un lado efectuaron los Doctores Vila y Orfila, sobre la falta de legalidad que ejercía dicha medida basados en las pautas que indica el Código Civil y Comercial sobre las asambleas, y por el otro lado sobre el informe de nuestra Comisión de Legales. Ambas publicadas en nuestra revista N°356.

A pesar de nuestra firme posición de rechazo a las asambleas virtuales, y que dimos a conocer en diferentes momentos tanto al Responsable de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal como a la Directora de la DGDYPC, siempre tratamos de mantener un diálogo abierto con ambos, considerando la responsabilidad que sentimos al hablar en representación de todos nuestros asociados.

A medida que pasaron los meses, notamos que diferentes entidades que agrupan administradores, fueron apoyando la decisión del Gobierno y comenzaron a hacer charlas con la participación de diferentes funcionarios, para hablar de las asambleas virtuales. Si bien el resultado nunca fue beneficioso para las autoridades– ya que estas entidades no tienen peso ni muchos menos asociados– consideramos que esta situación se transformaba en algo perjudicial para los administradores.

Ante este nuevo panorama y la postura firme por parte del Gobierno de la CABA, demostrado en conversaciones mantenidas en noviembre, quien indicó la confección de un protocolo para realizar las asambleas, nos vimos en la necesidad de replantear el tema con nuestros Asesores, más considerando qué tipo de protocolo iban a elaborar y la ampliación de las limitaciones de cantidad de personas permitidas en reuniones ante una mejora en los datos de la  pandemia, como así también del hecho de que ya había administradores que las estaban realizando.

«Debemos reconocer que así como la pandemia varía día a día, ocurre lo mismo con el tema que nos ocupa. Primero debemos destacar que, ante un estricto chequeo  del universo de administraciones en cuanto a la realización de Asambleas virtuales, nos hemos encontrado con una cantidad muy amplia de Administradores que ya realizaron aunque sea una Asamblea virtual, hecho éste que reconoce el tema; como también debemos destacar que en cada convocatoria a Asamblea se presenta un acontecimiento distinto (no concurrencia de ningún propietario – nota anterior a la Asamblea firmada por una enorme mayoría, desestimándola – presencia de pocos propietarios, menor a la registrada en las presenciales – nulidades – problemas técnicos, etc). Es por estas cuestiones y un universo mucho más amplio de situaciones que se producen día a día, mantenemos un dialogo constante con nuestros asesores para escuchar su opinión desde el punto de vista técnico y legal.

Conscientes de que podíamos mantener la postura, pero no ganarla, apoyamos a las empresas Sipac Computación, Sistemas Administrativos, Adminprop.net, Data world idata y Administración Global para que desarrollen una plataforma que garantice la seguridad jurídica que se necesita para poder cumplir con una asamblea virtual que le dé seguridad y tranquilidad a los administradores como a los propietarios, para lo cual se preparó un protocolo adecuado para el desarrollo de asambleas, se le entregó a las autoridades y ellos lo publicaron a través de una Disposición en diciembre, prorrogando el mandato del administrador hasta el 31 de marzo de 2021.

Cercano al plazo de vencimiento del mandato y ante la falta de respuesta al pedido de una nueva prórroga de 90 días, realizamos distintas acciones sin éxito. Por tal motivo efectuamos una reunión por Zoom con más de 330 administradores, en la que expusieron su punto de vista jurídico tanto el Dr. Jorge Martín Irigoyen como la Dra. Diana Sevitz, mientras que Miguel Ángel Summa expuso la postura institucional. La exposición de nuestros asesores no fue un cambio de opinión porque sí. El accionar del Gobierno a través de las reglamentaciones que fue implementando nos cambiaron el escenario y así lo interpretaron nuestros asesores. Ante esta situación, el Presidente de la CAPHyAI escuchó la opinión de los asistentes a la reunión al promover un amparo en la Justicia, entendiendo que había un gran consenso para realizarlo.

Al continuar con las conversaciones con las autoridades, mientras se avanzaba con la presentación del recurso de amparo, se pidió consejo sobre las posibilidades de dicha presentación, indicando pocas probabilidades de un fallo favorable y el riesgo de una pérdida de comunicación con el gobierno. Ante esta situación los Directivos de la Cámara se replantearon los riesgos que pueden afectar a los asociados y decidió reforzar la comunicación con las autoridades, acordando generar una mesa de trabajo en forma conjunta e ir viendo la evolución de diferentes temas que hacen a la actividad.

A medida que avanzaban las nuevas tratativas con las autoridades, los directivos de la Cámara analizaron la posibilidad de dejar en suspenso el inicio de las acciones legales, supeditadas a los resultados que pudieran obtenerse a partir del canal de diálogo abierto. Es conocido que el camino de la justicia suele ser largo y tedioso, además de cerrar las puertas a cualquier tipo de consenso. Ante este panorama, y sin perder de vista los intereses de nuestros asociados, se decidió apostar por reforzar la vía de comunicación con las autoridades locales, acordando generar una mesa de trabajo en forma conjunta dentro de la cual puedan ser escuchados los puntos de vista que tenemos los administradores.

Ante estos argumentos planteados y la dificultad que produce el no poder proyectar una fecha para la solución de esta pandemia, hemos tomado la postura de aceptar que hay un cambio de reglamentación que no va a poder ser rebatible considerando que hoy, un alto porcentaje de temas ante organismos oficiales, la justicia, AFIP, que se tramitan virtualmente.

Somos conscientes de las dificultades que vamos a tener que afrontar para poder cumplir con las asambleas, por lo que trataremos de convencerlos de que sean flexibles hasta poder cumplir con ellas. Lamentablemente sabemos que hay administraciones que han efectuado asambleas en un 30 a 60% de sus consorcios administrados.

La Cámara solo busca el bien común de aquellos que, socios o no socios, ejercen esta actividad. Solo el tiempo, ante esta incertidumbre general que nos afecta a todos, nos demostrará cuál es el resultado final de nuestra gestión.

Queremos destacar que, hoy más que nunca, estamos en constante contacto con entidades de otros países para tratar esta problemática. No debemos de olvidarnos que presidimos la Unión Latinoamérica de Administradores e intercambiamos contactos con países europeos.

A la fecha, muchísimos logros conseguidos nos dan la razón. Por otro lado, tampoco hemos escuchado opiniones de otras asociaciones, tanto de administradores como de propietarios, que opinen o aporten soluciones a la problemática. Sabemos que no es fácil conformar a todos, pero los casi 70 años de trayectoria de nuestra entidad nos demuestran que en la actividad, y sin desmerecer a otras instituciones, somos los pioneros.

Consejo Directivo